La preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud mental y seguridad de niños y adolescentes ha dejado de ser un debate aislado para convertirse en una agenda regulatoria global. Desde Oceanía hasta Europa, pasando por Asia y América, gobiernos y organismos reguladores avanzan —con distintos matices— hacia restricciones cada vez más estrictas sobre el acceso de menores a plataformas digitales.
Australia se convirtió en el primer país en prohibir formalmente el uso de redes sociales a menores de 16 años. La legislación se sustentó en un argumento contundente: proteger a los jóvenes de algoritmos diseñados para maximizar el tiempo de uso y de fenómenos como el ciberacoso.
En Indonesia, India y varios países de Europa ya han están replicando con matices el modelo Australiano.
América Latina tampoco es ajena a esta tendencia. En Brasil, entró en vigor una nueva legislación que refuerza la protección digital de menores y restringe su acceso a redes sociales. A partir de ahora, los usuarios menores de 16 años deberán vincular sus perfiles a un responsable legal, mientras que las plataformas estarán obligadas a implementar sistemas confiables de verificación de edad para impedir el acceso a contenidos inadecuados o de carácter pornográfico. La norma, conocida como “ECA Digital”, también exige a las empresas retirar contenidos relacionados con explotación, violencia o abuso sexual infantil y notificar a las autoridades, en un esfuerzo por cerrar brechas en la supervisión del entorno digital.
En Estados Unidos, el frente se ha abierto desde el ámbito judicial. Un jurado en Los Ángeles declaró responsables a Meta y YouTube por el daño causado a una menor debido al diseño adictivo de sus plataformas, obligándolas a pagar 6 millones de dólares. El fallo podría marcar un precedente para más de mil casos similares en curso y envía una señal clara a la industria tecnológica: los algoritmos ya no están exentos de escrutinio legal.
